
La criminalización de toda forma de interrupción del embarazo
pone trabas y en jaque a la ciencia médica. Ningún facultativo se arriesgará a
asumir su responsabilidad aún en las peores y más desagraciadas circunstancias,
a sabiendas incluso de que corra peligro la vida de la paciente. Cuando escucho
o leo el argumento que sustentó ese adefesio, me pregunto: ¿Cuál vida, si la de
la madre violada o el feto? ¿Si en situaciones extremas por salvar a una
criatura que aún no ha nacido sacrificamos a la madre, dónde queda el criterio
del derecho a la vida?
La prohibición constitucional a toda forma de interrupción
del embarazo, despoja a la Carta Magna de todo sentido de humanidad, porque
niega los derechos de la mujer y de la familia a decidir voluntariamente acerca
de algo tan personal como es todo aquello relacionado con su cuerpo y la vida
misma. Además, cada pareja es libre de decidir cuántos hijos desea. La
Constitución dominicana niega ese derecho fundamental y en los casos de
violación a menores y agresión sexual de otro tipo, condena a futuras criaturas
indeseadas a vivir una vida miserable. La penalización de toda forma de
interrupción del embarazo, aún en situaciones como la de esa niña de once años
violadas por un maniático sexual y su familia, y la prohibición religiosa al
uso de anticonceptivos, que no deja opción a la pareja, es tan criminal como el
peor de los abortos.