Santo
Domingo.-La
Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), valora la decisión del juez de
amparo en la sentencia civil en acción constitucional de amparo dictada el
veintiuno de marzo del presente año por la Primera Sala de la Cámara Civil,
Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial
de Barahona.
En la referida acción de amparo el juez se pronunció tratando
de decidir entre el derecho a huelga derivado del derecho fundamental al
trabajo de la clase magisterial y el derecho a la educación pública. Hay que
recordar, tal como el magistrado plantea, que frente a esta colisión de
derechos y en su posterior ejercicio de ponderación se reafirma que el
ejercicio del derecho de huelga no puede afectar sustancialmente la continuidad
de los servicios públicos esenciales, ni el orden social ni la paz pública.
Lo anterior, se fundamenta en el hecho de que toda vez que se
invoque el derecho a la huelga, se ve lesionado el interés superior de los
niños a recibir una educación en tiempo y contenidos adecuados, conforme lo
establece el artículo 63 de la Carta Magna y la Convención sobre los Derechos
del Niño en sus arts. 3, 28, 29 y 30.
Para FINJUS, la Constitución dominicana establece un catálogo
de derechos que dotan de sustancia al Estado Social y Democrático de Derecho y
permiten esclarecer el orden de valores y principios sobre los cuales se
organizan los poderes de la nación. Partiendo de este precepto, es lógico
pensar que estos derechos inherentes a las personas podrían colisionar entre sí
al momento en que tuviese que decidirse la preponderancia de uno por sobre el
otro.
El juez, al decidir en esta dirección, reconoció que “no es
que se desconozca que los docentes no tengan derecho a reclamar mejores
remuneraciones salariales, pero el camino expedito en la definición de los
mismos no puede traducirse en la paralización de las actividades relacionadas
con servicios públicos esenciales como la educación, dada la naturaleza de éste
como objetivo central de la finalidad social del Estado”.
En otras palabras, la Constitución no se limita simplemente a
afirmar la existencia de un derecho a la educación y de un servicio público
educativo. La Ley Sustantiva dota a la educación de un contenido específico y
le otorga un papel preponderante en nuestro proyecto nacional, fundamental para
el desarrollo integral de las personas, la solidez democrática de la República,
el desarrollo económico y la riqueza cultural del Estado.
Al tomar esta decisión el juez ponderó adecuadamente el
ejercicio de estos criterios al hacer esta pertinente ponderación de derechos,
amparada en altos criterios doctrinales y jurisprudenciales. Tal como indicó el
magistrado, haciendo referencia a la Sentencia TC/0058/13 de nuestro Tribunal
Constitucional, estableciendo que “se infiere que al citar una jurisprudencia
constitucional de Colombia, la educación se sobrepone al derecho al trabajo […]
donde el Estado se encuentra en el deber ineludible e impostergable de
garantizarlo realmente como uno de los objetivos fundamentales de su actividad
y como servicio público de rango constitucional…”, siendo este razonamiento
tomado en cuenta por el juez, garantizando la protección del derecho a la
educación de un colectivo, en el entendido de que éste forma parte del núcleo
central del Estado Social y se fortalece con ello la institucionalidad
democrática de nuestro país.
