La electa senadora por el Distrito Nacional, Faride Raful,
sometió hace algunos años como diputada de la república un proyecto de ley que
procuraba la “Reorganización de la Administración Pública” en el que se buscaba
disolver unas 57 instituciones, comisiones u organismos que tienen asignaciones
y/o transferencias por de fondos por aproximadamente RD$15,700 millones
mientras su impacto social es bajo.
A continuación la lista que propuso en el 2017 cuando era
diputada:
Pasarían a ser parte del Ministerio de Agricultura los
equipos, bienes muebles e inmuebles, personales y presupuestos las siguientes
12 instituciones, que dejarían de existir.
El Consejo Nacional para el Fomento y Reglamentación de la
Industria Lechera (CONALECHE).
El Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR).
El Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE.
El Instituto del Tabaco (INTABACO).
El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA).
El Instituto Nacional de la Uva.
El Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (CODOPESCA).
El Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y
Forestales (CONIAF).
La Comisión Sectorial para la Reforma y Modernización del
Sector Agropecuario.
El Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE).
El Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE)
El Consejo Nacional de Agricultura.
En el caso del Plan de Asistencia Social, absorbería 14
entidades:
El Instituto para el Desarrollo del Sur (INDESUR).
El Instituto para el Desarrollo del Noroeste (INDENORTE).
El Instituto para el Desarrollo del Nordeste (INDENORDE).
El Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias
(PROCOMUNIDAD).
La Dirección General de Programas Especiales de la
Presidencia (DIGEPEP).
El Consejo Nacional Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa (PROMIPYME).
Comedores Económicos.
El Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN).
El Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales.
La Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC).
Progresando con Solidaridad.
La Comisión Presidencial de Desarrollo Barrial.
La Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial y Comunidad
Digna Contra La Pobreza.
Además, el proyecto presentado por Raful en el 2017, prohibía
al Poder Ejecutivo crear mediante decreto ninguna institución, comisión,
consejo o dirección sin que la misma sea aprobada por el Congreso Nacional
mediante una ley especial y bajo el amparo de la Constitución de la República
Dominicana.
Igualmente prohibía la asignación de partidas presupuestarias
y/o transferencias futuras a la Fundación Banreservas, por ser una entidad
vinculada al Banco de Reservas de la República Dominicana, con autonomía presupuestaria
para poder cubrir las necesidades de dicha entidad sin fines de lucro.
También impedía la asignación de partidas presupuestarias y/o
transferencias futuras a la Comisión Hípica Nacional, que por regular todo lo
relacionado con ese sector y tener el manejo del Hipódromo Nacional debe ser
auto sostenible para cubrir las necesidades financieras que tenga la entidad.
En cuanto al personal que se pretendiera trasladar de las
instituciones públicas eliminadas a las absorbentes, la iniciativa indicaba que
sólo podrían ser trasladados siguiendo las normas establecidas en la Ley No.
41-08 de Función Pública.
