Lejos de fortalecer la autonomía de los gobiernos locales, la eliminación de sanciones penales contra funcionarios municipales que incumplan con la ejecución del presupuesto representa un serio retroceso en el sistema de control y responsabilidad que debe regir el ejercicio del poder público.
Así lo afirmó el exalcalde de Neyba, José Darío Cepeda Medina, quien manifestó su rechazo a la reciente aprobación en el Senado de la República de una medida que exime de responsabilidad penal a los funcionarios municipales.
Para Cepeda Medina, la autonomía municipal no debe interpretarse como ausencia de supervisión. Explicó que dirigir un ayuntamiento implica manejar recursos públicos limitados, enfrentar presiones políticas y responder a demandas sociales urgentes, por lo que los controles legales no constituyen un obstáculo, sino una garantía. A su juicio, estos límites protegen a los funcionarios íntegros, salvaguardan los fondos municipales y aseguran que las inversiones se traduzcan en obras y servicios que beneficien a la población.
El también jurista y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sostuvo que suprimir las penalidades no significa modernizar el régimen sancionador, sino otorgar una especie de permiso para violar la ley sin consecuencias reales.
En ese sentido, advirtió que en un país donde los organismos de fiscalización municipal han sido tradicionalmente frágiles y poco eficaces, sustituir las sanciones penales por simples faltas administrativas equivale a legitimar la impunidad.
Cepeda Medina enfatizó que no puede existir una verdadera autonomía municipal sin responsabilidad, ni una descentralización efectiva sin controles sólidos. Aseguró que convertir el presupuesto de los ayuntamientos en un “cheque en blanco” para los alcaldes no fortalece la gestión local, sino que la debilita y mina la confianza de la ciudadanía.
Finalmente, en su artículo publicado en Vanguardia del Pueblo, sostuvo que proteger el presupuesto municipal es defender la dignidad de las comunidades, la calidad de los servicios públicos y el porvenir de la administración local.
