Las instituciones a cargo de
planes destinados al alivio de la pobreza, alimentación, nutrición escolar y
protección de población vulnerable en general deberán adquirir los insumos
necesarios para esos programas exclusivamente en la agroindustria y la
industria nacional, siempre y cuando esta demuestre la capacidad de poder
suministrarlos, en procesos competitivos de acuerdo con lo que establece la Ley
Núm. 340-06 de compras y contrataciones públicas.
Así lo instruye el presidente
Danilo Medina en el Decreto Núm. 86-20 emitido el viernes, cuyo principal
objetivo es contribuir al desarrollo de la industria y la producción nacional
y, por tanto, a la generación de empleo.
Entre las instituciones incluidas
en el decreto están el Plan de Asistencia Social de la Presidencia (PASP),
Comedores Económicos del Estado (CEE), el Instituto Nacional de Bienestar
Estudiantil (INABIE), la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Salud (SNS),
el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), y el
Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE).
Además, el Decreto contempla que
las entidades contratantes promuevan una serie de incentivos para que en las
adjudicaciones se tomen en cuenta a las empresas con buenas prácticas de
manufactura y de sostenibilidad ambiental, que promuevan la igualdad de género,
el empleo de personas con discapacidad y la inclusión de personas de la tercera
edad.
El ministro de la Presidencia,
Gustavo Montalvo, afirma que este decreto es un paso más de un Gobierno
comprometido con el apoyo a los sectores económicos nacionales, extendiendo
este desarrollo al territorio.
“En los últimos años abrimos las
puertas de las compras y contrataciones del Estado a la micro y pequeña
empresa, en especial a las mujeres proveedoras; también democratizamos el
acceso al crédito, ampliando los fondos disponibles y bajando las tasas de
interés en la banca pública”, destacó Montalvo, al enumerar otras medidas para
impulsar la economía y generar empleo.
A modo de ejemplo, el ministro
recordó que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) pasó de una inversión de
un poco más de 3,200 millones de pesos en 2012 a más de 25,100 millones anuales
en 2019, un aumento del 668% en ese periodo.
“En los últimos 7 años pasamos de
134 suplidores en 2012 a 1,678 proveedores de alimentos en 2019 gracias a que
aumentamos en 382,000 los beneficiarios, e incrementamos el consumo de leche y
pollo en ese periodo”, explicó.
Lo anterior ha sido posible por
los esfuerzos que ha realizado también el sector privado, sin importar su
tamaño, para responder a las políticas implementadas, participando, aportando e
invirtiendo, para construir juntos gobierno - sociedad, una alianza para el
desarrollo del país.
También, el Decreto crea el
Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores del Estado, a cargo del
Viceministerio de Mipymes del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
(MICM) y la Dirección General de Contrataciones Públicas para fomentar una
mayor cantidad y calidad de proveedores del Estado en todo el territorio
nacional.
Ambas instituciones, según sus
competencias, elaborarán y difundirán guías, manuales, y utilizarán todos los
mecanismos disponibles para capacitar a las entidades y a los proveedores y
proveedoras que abarca este decreto.
Por otra parte, para comprobar
que los bienes adquiridos por las instituciones públicas provienen de la
industria nacional, el oferente deberá contar con un registro industrial,
emitido por el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria),
además de los otros requisitos que establezcan los pliegos de condiciones. En
ese sentido, Proindustria establecerá, mediante instructivos, procedimientos
expeditos para obtener ese registro.
Disposición refuerza medida del
2019. En mayo del 2019, el presidente Medina emitió el decreto 168-19, que
estableció una nueva reglamentación en la compra de productos agropecuarios
para contribuir al desarrollo económico nacional sostenible.
En esa ocasión se dispuso que las
instituciones con presencia en el territorio lleven a cabo procesos dirigidos
preferentemente a productores, fabricantes y proveedores de servicios ubicados
en el lugar donde se identifique la necesidad.
Con esta nueva disposición, se
extiende la medida a la agroindustria y a la industria nacional en el ámbito de
las compras que realicen las entidades públicas para atender los planes y
programas que están en el Decreto Núm. 86-20.
Estas medidas y otras más
adoptadas, incluyendo la implementación del Portal Transaccional en 307
instituciones a la fecha, que conlleva la gestión completa incluida la
presentación de ofertas en línea y la administración de los contratos, tienen
como objetivo continuar desarrollando un modelo de compras públicas que
responda a la realidad de los mercados nacional e internacional, según
corresponda, y al bienestar de la población.
Dirección de Comunicación MINPRE.
